Inteligencia Artificial y transformación digital del sector judicial en la Argentina

En base al marco desplegado anteriormente, esta parte del trabajo aborda un análisis del caso argentino. Para ello se triangularon técnicas de recolección de datos e información que incluyeron análisis documental y entrevistas en profundidad.

El estudio sobre la Argentina, elaborado por Gonzalo Bustos Frati y Bruno Gorgone (CETyS), se centra en lo que los autores denominan “iniciativas efectivas de innovación institucional asociadas a la IA en el ámbito judicial en la Argentina”. Se refieren a las líneas de acción de un juzgado u otro actor judicial del ámbito público que se han traducido en el uso de al menos un módulo basado en una técnica de IA.

Los investigadores del caso encuentran que, a nivel macro, la Argentina no presenta políticas públicas definidas en materia del uso de IA en la justicia a escala nacional; y que a nivel meso no hay una estructura de incentivos institucionales “orientada a que los funcionarios judiciales se piensen capaces en y se hagan responsables del uso de las técnicas de IA”, por ejemplo, mediante programas de concientización y entrenamiento.

Es en el nivel micro donde se encuentra el mayor aporte empírico del estudio. Los autores identifican cuatro casos de “iniciativas de cambio institucional basadas en IA”, todas ellos impulsadas por organismos judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): las exploradas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n° 10, por el Juzgado n° 13 y por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial en torno a mecanismos de anonimización inteligente de documentos judiciales; y la impulsada desde 2017 por el programa Prometea, dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), basada en la transformación de los tradicionales sistemas expertos judiciales mediante la incorporación de herramientas de aprendizaje de máquinas. Esta concentración en una jurisdicción es percibida y explicada por los propios actores como expresión de un distrito que cuenta con mayores recursos que las demás jurisdicciones, lo que les permite mayor margen para explorar formas alternativas de creación de valor público, como las basadas en IA.

En primer lugar, los procesos de innovación institucional analizados se limitan a trayectorias pioneras, incipientes, y con una limitada escala o un grado incipiente de desarrollo. La excepción es Prometea, que puede considerarse como una política más definida y sostenida dentro del MPF.

En segundo lugar, el estudio distingue entre dinámicas de cambio institucional basado en IA de carácter ascendente (como las iniciativas basadas en la anonimización inteligente de documentos en los juzgados 10 y 13) y descendente (como Prometea en el MPF), según se cuente con el apoyo de un organismo de máxima jerarquía como nodo impulsor de la iniciativa, o esta dependa por completo de un nodo de un sistema. Entre las primeras, se destaca el hecho de que los actores han recurrido a la formación de alianzas o redes formales e informales, intra-estatales o multisectoriales, con otros actores.

Las aplicaciones de “anonimización inteligente” impulsadas por dos de los 31 juzgados penales, contravencional y de faltas que posee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el n° 10 y el n° 13) fueron posibles a partir de una alianza con otro nodo, ya del sector judicial (Juzgado n° 13 y Dirección de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de CABA), ya del sector privado con fines de interés público (Juzgado n° 10 y Cooperativa Tecnológica Cambá). Un actor que no requirió gestar algún tipo de alianza para iniciar el proceso es Prometea. Aun así, luego de su conformación, el área también ha iniciado una dinámica de construcción de redes inter-institucionales en el país, como lo demuestra su convenio de cooperación con la Corte mendocina.

En cuarto lugar, el estudio señala que, a la hora de inscribir las iniciativas de innovación institucional basadas en IA en una visión más amplia acerca de sus ideas sobre justicia, se encuentran al menos dos caracterizaciones frecuentes en los testimonios: justicia aumentada y justicia abierta. La primera aparece con claridad en los testimonios asociados a las herramientas de anonimización inteligente; la segunda es mencionada en la mayoría de los testimonios, pero con mayor claridad en los casos de Prometea, el IALAB y la Corte mendocina. A su vez, un conjunto diverso de narrativas en torno a la justicia federal aparece con una densidad propia en los testimonios, lo que permite vislumbrar contrastes o matices, como en el caso de la gobernanza nacional de datos.

Por último, el estudio focaliza en las percepciones de los actores del ecosistema judicial acerca del impacto de la IA sobre la justicia a largo plazo. No encuentran perspectivas binarias que rechacen o admitan por completo la automatización. La mayoría de los testimonios coincide en que el foco del despliegue de IA debe estar orientado a las tareas más “fácilmente automatizables” o más “automatizables”. También estos trazan un límite claro a la idea de que el juez se verá sustituido. En general, coinciden en señalar que los riesgos de un uso inadecuado de la IA en la justicia deben pensarse tanto en relación al riesgo para los derechos fundamentales en casos particulares, como en términos sistémicos, atendiendo a la propia gobernanza democrática en la que se inserta el Poder Judicial nacional. Otra idea compartida es que la automatización de algunas tareas permitiría reorientar los recursos más valiosos del sistema judicial (los agentes judiciales humanos) hacia sus puntos críticos (como los procesos de interpretación de contextos complejos con múltiples derechos en tensión, o de atención a la víctima).