El acceso a Internet como derecho humano

Nos vinculamos a través de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cuando trabajamos, estudiamos, nos organizamos, socializamos e incluso en nuestro tiempo libre. Con el Estado también nos vinculamos por medio de Internet, solicitando turnos para sacar o renovar el DNI, para atención médica o incluso para presentar reclamos. La relevancia de las TIC y de Internet en la vida ciudadana ha crecido gradualmente, y la transición hacia una sociedad digital es cada vez más acelerada. ¿Qué pasará con aquellas personas que no tienen acceso a TIC e Internet?

Internet, a diferencia de la televisión o la radio, no es una plataforma de transmisión de información unidireccional, sus usuarios no se mantienen pasivos, sino todo lo contrario. Su intromisión en nuestras sociedades cambió la forma en que ejercemos los derechos tradicionalmente, y muchos de ellos son hoy de ejercicio exclusivamente digital. Por esto, las desigualdades sociales en muchos casos no se resuelven con el uso de Internet, sino que por el contrario, se acentúan.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el año 2015 por las Naciones Unidas, se reconoce la expansión de las TIC y su importancia. También se resalta la necesidad de trabajar para superar la brecha digital, así como la urgencia del trabajo mancomunado entre los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad técnica y el sector académico, para la protección y promoción de los derechos humanos en Internet.

El derecho de acceso a Internet fue reconocido –en el año 2016– por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como un derecho humano.¹ Esta resolución, si bien no obliga, sí anima a todos los Estados a proveer a su ciudadanía de acceso a Internet.

Los derechos humanos se configuran como las principales obligaciones de los Estados, ya que protegen y reconocen la dignidad de todas las personas. Los principios que los rigen son los de universalidad (todas las personas son titulares de todos los derechos), interdependencia, indivisibilidad (generan la obligación de otorgar igual importancia a todos los derechos humanos, y no se los puede abordar por separado) y progresividad (implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, prohibiendo su regresividad).²

En la Argentina, desde 2014 y por la ley 27.078 conocida como “Ley de Argentina Digital”, el acceso a servicios de conectividad e Internet se considera como derecho humano de carácter universal.³ Según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), esto implica la conectividad, el acceso a la infraestructura y a los servicios de las TIC de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada.⁴

En la actualidad, Internet es una de las principales fuentes de cambio. Como derecho humano, dentro de los llamados derechos digitales, el derecho a Internet y su acceso es importante sobre todo, por su función instrumentadora, es decir, por ser una puerta de acceso a otros derechos.

Actualmente, su ejercicio pleno depende de una progresiva implementación de infraestructura por parte del Estado, de la discusión política sobre Internet como servicio público, y de que el establecimiento de sus tarifas no dependa exclusivamente de empresas privadas. Esto seguido de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, que reconozcan la necesidad de la inclusión digital, que consiste en que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse de la economía y la sociedad digital.

El desarrollo de competencias digitales se encuentra, sobre todo, condicionado por la formación académica, el nivel socioeconómico, la edad y el género.⁵ Las nuevas desigualdades digitales demandan de los Estados, como en los demás derechos humanos, un rol activo y una protección especial y reforzada para con ciertos grupos que sufren vulneraciones diferenciadas, históricas y estructurales de sus derechos.

Este esfuerzo debe ser realizado tanto por el Estado nacional, como por los Estados provinciales, que deben adecuar sus políticas para hacer operativo su respeto y ejercicio, favoreciendo la igualdad y la no discriminación.

Esto supone trabajar en las brechas digitales tanto de acceso, como de uso y apropiación.⁶ La brecha de acceso incluye la distribución de bienes y servicios que garantizan la infraestructura; la de uso tiene relación con las competencias y habilidades; la de apropiación con el uso significativo, control y elección de las TIC. En las tres dimensiones hay mucho trabajo por delante, pero incluso en la brecha de acceso existe una profunda desigualdad entre los centros urbanos más habitados y las zonas más alejadas a ellos. Es fundamental el acceso a un servicio de Internet de calidad, en términos de equidad social y geográfica.⁷

Si bien la necesidad de manejo de las TIC viene creciendo gradualmente hace años, esta sufrió un salto abrupto a partir de 2020 con la irrupción de la pandemia y las medidas de aislamiento por COVID-19. La repentina virtualización de la vida, pensada como una medida de solución a un problema de salud pública, perjudicó el acceso a derechos básicos para un sector de la sociedad históricamente vulnerado. Al reemplazarse la presencialidad por la virtualidad, las limitaciones derivadas de la pandemia y el confinamiento tuvieron un impacto mucho mayor en quienes no tenían buen acceso a Internet, dispositivos tecnológicos o conocimiento digital. Esta aceleración abrupta de un proceso que se estimaba gradual tuvo graves consecuencias en términos de desigualdad y reforzó la necesidad de medidas urgentes que contribuyan en la transición hacia la sociedad digital que viviremos en las próximas décadas.