Delitos contra la integridad sexual de niñas y niños en entornos digitales

Quienes se dedican a distribuir pornografía de menores de edad cuentan con el anonimato que les brindan los medios que operan mediante Internet, para tomar contacto con otros usuarios en igual situación de subterfugio virtual, con los que intercambian dicho material.

Independientemente de los múltiples cursos de inicio que puede tener una investigación relacionada con los ilícitos reseñados, una gran parte de las causas tienen origen en la información aportada por distintos organismos extranjeros, dando cuenta de que en el marco de indagaciones por ellos desarrolladas, o bien mediante la implementación de protocolos de detección temprana en las redes vinculadas a la pornografía infantil, lograron establecer que determinados usuarios radicados en nuestro país intercambiaron ese tipo de material –ya sea mediante la utilización de correo electrónico, servicios de mensajería, etcétera–.

En este sentido la policía especializada de distintas partes del mundo, u otras agencias como el Buró Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FBI por su sigla en inglés), el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), remiten a través de Interpol u otras Divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) afines con la temática, o mediante el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), reportes acerca de personas que habitan nuestro país y, mediante comunicaciones de correo o email, reciben y envían imágenes de naturaleza sexual, en la que se hallan involucrados niñas y niños.

De esta manera, una vez iniciadas las actuaciones judiciales, el objetivo primario, condicionante sin dudas del éxito de la investigación, es establecer el lugar físico desde donde se conectó el sospechoso.

Para ello se utiliza ante todo la dirección de I.P. (Internet Protocol), que es la identificación suministrada por un proveedor de Internet al usuario denunciado, mediante la cual este obtiene su conexión a la red y logra así distribuir el material ilícito al que nos referimos. Esta dirección suele ser en una abrumadora mayoría de casos el punto de partida que permite a las agencias internacionales reseñadas relacionar fehacientemente al infractor con una ubicación geográfica concreta.

A partir de allí, deberá establecerse en el ámbito local cuál es la empresa prestadora del servicio de Internet correspondiente a dicha I.P. (conocidas como ISP en virtud de su acrónimo anglosajón), lo que puede lograrse tras compulsar la página web www.lacnic.net.

Una vez conocida la prestataria, se le requerirá información del cliente a quien le haya asignado esa dirección de I.P., titularidad, domicilio de instalación, de facturación, etc., para lo cual deberá efectuarse una referencia precisa sobre la fecha y la hora en que el correo sospechado fue enviado (por ejemplo: I.P. 200.68.84.45, a las 03:31 hs del 15/8/2018).

Cabe aclarar que, a efectos de determinar el horario en que se produjeron dichas transacciones, debe prestarse especial énfasis a los husos horarios de las conexiones aportadas por las empresas prestatarias de servicios, ya que en el plano internacional suele realizarse el registro bajo el estándar UTC (equivalente a GMT), por lo que deberá siempre convertírselos manualmente a los horarios locales (GMT-3), ello a fin de no poner en peligro la investigación.

El siguiente paso consiste en realizar diligencias de carácter reservado en el domicilio informado, para constatar si se encuentra habitado, eventualmente quiénes serían sus ocupantes, cuáles sus hábitos de vida, y todo otro dato que permita llegar a los rastros del delito y a sus responsables.

Ingresamos entonces al último eslabón de las tareas de campo, consistente en el registro domiciliario para identificar al autor de la maniobra y secuestrar los elementos de interés, como ser computadoras de escritorio o portátiles, smartphones o cualquier aparato que posea conexión a Internet, cámaras filmadoras o fotográficas y demás soportes de almacenamiento (pendrives, discos compactos, etcétera).

Mención especial merece la práctica del “triage” realizada en el marco de los registros propiciados, que consiste en una inspección rápida –mediante software protegido contra escritura, es decir, que no deja rastros de alteración en los archivos– de los elementos a incautar, con el objeto de establecer la presencia de material delictual en su interior, a fin de seleccionar aquellos dispositivos a secuestrar (en caso de un cuantioso material en la escena), o bien determinar la producción de pornografía en el propio domicilio (si se observan, por ejemplo, habitaciones del inmueble en las representaciones habidas), lo cual eventualmente podría llevar al secuestro de otras piezas útiles para la pesquisa.

Superada esta etapa con éxito, nos esperan las diligencias periciales sobre los efectos incautados, que podrán llevarse a cabo por cualquiera de los gabinetes científicos que todas las fuerzas de seguridad poseen, con la finalidad de hallar producciones fílmicas o fotográficas de naturaleza pornográfica infantil.

Esta última medida suele reforzarse con el testimonio del experto que la ha llevado adelante, para que explique los alcances de las operaciones técnicas desarrolladas, y cómo a través de las mismas se logró detectar y recopilar las representaciones que constituyen el cuerpo del delito.

Vale aclarar, por último, que podría ocurrir –y la praxis lo demuestra como habitual– que muchos de los usuarios que trafiquen el material delictual reseñado lo hagan en conjunto o mediante el auxilio e intercambio de otros delincuentes aún no identificados, ya sea mediante el uso de redes sociales, o aplicativos de mensajería instantánea. En esos casos, una buena práctica impone solicitar a las empresas dueñas de los servicios (como ser Microsoft, Google o Facebook-Meta, entre otras), los datos aportados por el usuario en cuestión, al momento de la creación de la cuenta, como así también sus conexiones posteriores, todo lo cual permitirá arribar a la dirección I.P. de la persona sospechada, para dar con su paradero del modo ya indicado, y así ampliar la búsqueda a otros integrantes de la cadena de infractores.

En cuanto a la producción, que es el germen de todos los males en materia de pornografía infantil, la labor de los organismos judiciales y sus auxiliares, se halla más limitada en función de la influencia del uso de Internet.

Ello así, ya que a partir de la hipótesis de distribución –que domina casi la totalidad de los procedimientos iniciados en la materia–, se torna difícil arribar al núcleo central de la problemática, que es la producción, pues la naturaleza del medio por el cual circula este material contamina en cada tráfico que se efectúa con la imagen, los datos que la identifican, esto es, las referencias relacionadas con las propiedades e identidad de aquella, las que se modifican en cada una de las transmisiones por Internet, determinando ello la imposibilidad de llegar a los antecedentes de la fotografía o filmación involucrada al momento de su creación.

Ahora bien, debe mencionarse también que la develación de la identidad y el paradero de los productores de pornografía puede llegar de la mano de un proceso que tiene por objeto inicial la investigación de abusos sexuales, en donde con el transcurrir de las actuaciones se puede establecer que el abusador y el abusado aparecen protagonizando las imágenes prohibidas.